Koldo y sus muchachos

Con la frase de “Frank Nitti y sus muchachos”, expresada con acento hispanoamericano, se presentaba al grupo de mafiosos de Chicago que se enfrentaba en los pasados años veinte a los famosos intocables de Eliot Ness en una popular serie de la televisión en blanco y negro. Hoy, tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa –UCO- de la Guardia Civil, es actualidad otra trama delictiva en la que se encuentran implicados dos secretarios de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE –José Luis Ábalos y Santos Cerdán- y el hombre de confianza de ambos, Koldo García. O sea, la trama de “Koldo y sus muchachos.

Esta trama corrupta ha abierto una crisis de impredecibles consecuencias no solo en el partido que sustenta mayoritariamente al Gobierno sino también en toda la democracia española. No es el primer caso de una trama corrupta vinculada a un partido político del que depende la gobernabilidad de España. El PSOE y el PP se han visto en circunstancias parecidas, lo mismo que otros partidos minoritarios como la antigua Convergencia i Unió, hoy transmutada en Junts per Catalunya, No es cosa de recordar estos tristes casos en la reciente historia de la democracia española que, pese a las promesas regeneradoras con que se han intentado combatir, se siguen repitiendo. Parece como si una maldición flotara por encima de la vida política que permite reproducir acciones delictivas que, como mínimo, generan la desafección de muchos ciudadanos y la ganancia en esos ríos revueltos de los partidos y movimientos populistas que amenazan la propia existencia de la democracia.

Al escribir estas líneas ha quedado manifiestamente clara la implicación en la mugre de la corrupción de al menos tres personas vinculadas a las máximas instancias del Partido Socialista, uno de ellos también ex ministro. Ojalá, tanto por el bien del partido del Gobierno como por la propia salud democrática de España, toda esa trama corrupta se circunscriba exclusivamente a ellos. Pero incluso en este caso es evidente que, alguna responsabilidad debe recaer en quien les dio la confianza de ostentar tal altas responsabilidades en el Gobierno y en la organización socialista. Peor sería si la corrupción salpicara a más personas relevantes y, sobre todo, si afectara a la financiación irregular del Partido Socialista y a la limpieza y credibilidad del Gobierno. En este caso sus consecuencias serían mayúsculas.

Si nos ponemos en el primer caso, la responsabilidad de Pedro Sánchez como máximo mandatario socialista y presidente del Gobierno de España quedaría en la derivada de la falta de vigilancia sobre otras personas que han causado un daño y que se resume con la locución latina de “in vigilando”. Esta responsabilidad es lo suficientemente grave para no soslayarla. En este caso, ¿qué debería hacer Pedro Sánchez? Pues algo tan sencillo como poner sus cargos a disposición de quienes lo eligieron. Como dirigente de un partido, tendría que dimitir y aceptar la constitución de una Comisión Gestora hasta que se convoque un Congreso para elegir una nueva dirección. Como presidente del Gobierno estaría obligado a someterse a una cuestión de confianza en el mismo Congreso de los Diputados que lo invistió- Pero una cuestión de confianza en la que se obligue a poner en marcha unas medidas urgentes de regeneración democrática para no volver a incidir en los mismos errores, hacer una investigación seria y contundente sobre las mordidas, presentar una remodelación de su Gobierno y anunciar en un plazo no superior a un año la convocatoria de unas elecciones generales, unas elecciones generales en las que no podría presentarse.

Si estuviéramos en el segundo caso y la red corrupta fuera más allá de los tres “muchachos” señalados en el informe de la UCO y salpicara al propio presidente y a su partido, estaríamos en un caso similar a lo que provocó la moción de censura que expulsó del Gobierno a Mariano Rajoy. Es verdad que en este caso hubo una sentencia judicial que condenada expresamente al Partido Popular. Pero antes de que otra sentencia llegara a la misma conclusión sobre el Partido Socialista, los españoles son quienes deben tener la última palabra como ocurre en cualquier democracia: acudiendo a las urnas. En ese supuesto que, insisto, aún no hay evidencia de que se haya producido en el momento de escribir este artículo, no es suficiente la cuestión de confianza y de un paréntesis para poner en práctica la regeneración. La convocatoria de unas elecciones generales debe ser inmediata.

La democracia se basa en algo tan sencillo como que debe gobernar quien tiene la confianza de la ciudadanía. ¿Puede esa ciudadanía tener confianza en quien no ha sido capaz de vigilar a los corruptos que le rodeaban? ¿Y qué decir si trama de sobornos y comisiones afecta a la propia estructura del partido que sustenta mayoritariamente al Gobierno? A veces hay que dejar de lado los manuales de resistencia cuando lo que se juega es la propia credibilidad del sistema democrático que con tanto esfuerzo se consolidó en España y que hoy se pone en cuestión por los extremismos que tenemos dentro y fuera de nuestras fronteras.

La soberanía

Es el pueblo soberano quien tiene la última palabra en una democracia. Si no existieran esas tramas que el informe de la UCO ha desvelado, y que es mucho más que la opinión sesgada de ciertos medios desestabilizadores y enemigos de lo que significa el progreso económico, social y democrático de España, admitiría el empecinamiento del presidente del Gobierno en culminar la legislatura. Es mucho lo que se ha conseguido en ella con el apoyo de las fuerzas que permitieron la coalición que nos gobierna desde la moción de censura de 2018. Las cifras del crecimiento económico son incontestables. Los avances sociales son hoy un ejemplo en nuestro entorno. España es un puntal decisivo en la actual Unión Europea. Nos hemos enfrentado con éxito a crisis de gran envergadura como la del COVID. Nuestro país es escuchado con respeto en los foros internacionales y es capaz de tomar partido sin hipotecas ante hechos tan terribles como las atrocidades perpetradas en Ucrania y Gaza. Se han superado satisfactoriamente las tensiones territoriales derivadas del propósito secesionista de Cataluña y España está hoy más cohesionada que nunca.. Estos éxitos forman parte del haber de los sucesivos Gobiernos de coalición, aunque todavía haya nubarrones como la falta de iniciativas que se ofrece a buena parte de la juventud española –pese a las inmensas ayudas recibidas para su formación- u otras cuestiones cuyas responsabilidades hay que repartirlas también con las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la sanidad, la educación y la vivienda.

La labor de los últimos Gobiernos de España ha sido titánica, más aún por la falta de colaboración y obstruccionismo de una oposición que solo tiene como programa el no por el no y recuperar un poder que cree que le corresponde, aunque las urnas y la composición parlamentaria digan lo contrario. Pero todo ello puede quedar olvidado por lo que el pueblo nunca perdona: la corrupción y las mentiras. Fue lo que le pasó a Felipe González en sus últimas legislaturas. Lo que se llevó por delante a José María Aznar cuando su mezquindad y soberbia le impidió reconocer sus errores en las armas de destrucción masiva y en los atentados del 11-M. Fue lo que acabó con un M. Rajoy que actuaba como un Don Tancredo político viendo venir las cosas, aunque ello supusiera no afrontar el reto de la secesión catalanista, al tiempo que permitía la corrupción sistémica de su partido. La historia de España está llena de ejemplos de corruptelas y el pueblo español puede perdonar los errores pero no que le roben en sus narices.

Los antecedentes

Para terminar y como ejemplo histórico quiero referir un episodio que ocurrió en el Reino Unido en 1867. Ese año se aprobó la segunda gran reforma electoral impulsada por el conservador Benjamín Disraeli. Gracias a ella se amplió el derecho al voto a los varones que ocuparan una casa como propietarios o arrendatarios. Esto permitió que más del 40 % de los varones británicos pudieran ejercer su derecho al voto. La reforma de Disraeli contó con el apoyo de los liberales de William Gladstone más que el de su propio partido. A resultas de esta reforma los conservadores perdieron las elecciones del año siguiente y Gladstone se convirtió en el nuevo Primer Ministro. Cuando los correligionarios de Disraeli le echaron en cara la derrota electoral de su partido, el inteligente político británico de ascendencia judía les dijo que valía la pena perder unas elecciones si con ello el sistema político británico se consolidaba. Llevaba razón. Unas reformas electorales hechas a tiempo en 1832 y después en 1884/85 hicieron posible el afianzamiento del liberalismo británico que acabó derivando hasta la plena democracia. Esa evolución evitó al Reino Unido el rosario de revoluciones que afectó al resto de Europa en el siglo XIX.

El ejemplo de Benjamín Disraeli tiene su vigencia en nuestros días. Hay que correr el riesgo de poder perder unas elecciones si con ello evitamos que la democracia se encuentre en un callejón sin salida y a merced de los populismos que la amenazan.